Apuntes sobre Evaluación Institucional

APUNTES SOBRE EVALUACION INSTITUCIONAL

En las últimas décadas la evaluación ha adquirido un gran protagonismo como medida de rendición de cuentas de los recursos que la sociedad destina para el mejoramiento del sistema escolar con relación a los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos propuestos. La globalización así como las crisis económicas han creado la necesidad de observar, vigilar y controlar las actividades que se desarrollan en los planteles educativos. 

En este sentido, la evaluación como acción para estimar o calcular el valor de algo ha sido empleado como un mecanismo para ejercer el poder mediante la clasificación, la selección y la certificación de los individuos según su mérito. Este hecho aunque difuso ha moldeado la sociedad como la conocemos hoy. Desde los debates públicos de los eruditos en las universidades medievales que denominaban disputas -forma de defender sus tesis apelando a la deducción para establecer la validez de las mismas – hasta que ésta práctica cayó en desuso, hasta el siglo XVIII donde se dio paso a la formalización de la evaluación, que para finales del siglo XIX comenzó a sistematizarse a través de las pruebas masivas – ejemplo las de admisión- que al principio motivaron a los estudiantes fomentando un espíritu de competencia entre ellos, pero que luego derivaron en una clasificación que con el surgimiento de la burguesía y el capitalismo convirtió a la evaluación en un factor determinante en la carrera y el futuro de los individuos debido a que este proceso condicionó su estatus no solo familiar sino su lugar dentro de la sociedad. 

En este orden de ideas, la evaluación comenzó a ser utilizada como un mecanismo mediante el cual la estructura social podía ser reorganizada alejándola de su función didáctica o educativa convirtiéndola en una tecnología usada para fines sociales de selección. Es por ello, que en la última década la evaluación a nivel institucional ha sido orientada para controlar la realidad social, creando una necesidad “urgente” de cambios a través de las políticas educativas que el Estado ha creído convenientes para la nación, estas últimas basadas en la observación del sistema educativo anterior el cual “buscaba excluir a las personas no solo a través de la privatización sino del reemplazo de nuestras tradiciones por valores extranjeros y la división de clases donde los blancos son superiores, los negros inferiores y los indios nada”. 

Bajo esta premisa, el Estado propuso un currículo nuevo, basado en las teorías de autores como Jean Piaget, Paulo Freire, Lev Vygostky, y educadores criollos como Luis Beltrán Pietro Figueroa, Andrés Bello,  entre otros, y las ideologías educativas de próceres de la independencia que dejaron plasmadas en cartas, pasquines y escritos personales, siendo máximes exponentes; Simón Rodríguez, cuya idea de preparar al niño para la vida pero no meramente intelectual sino integral con el conocimiento de algo práctico, siendo ésta idea la génesis de la Escuelas Técnicas, pues el catedrático opinaba que acumular conocimientos extraños a la vida cotidiana no contribuía en nada a formar la conducta social; y Simón Bolívar que  planteó desde el principio de la gesta independentista la necesidad de fomentar la educación para el progreso de la República, exponiendo su famosa frase respecto a la educación: “Moral y luces son nuestras primeras necesidades”; oración cargada de lógica y razón, que ha sido repetida hasta la saciedad, y que a su vez está siendo desdibujada notoriamente por la realidad dentro de los planteles. 

De lo anterior, es menester prestar atención a la situación de la evaluación en los planteles educativos,  porque estamos frente a un fenómeno que puede denominarse como burocracia evaluadora, donde el Estado - haciendo un análisis piramidal- diseña, controla, regular y valora las medidas y herramientas para apreciar la estructura del sistema educativo valiéndose del Ministerio del Poder Popular para la Educación,  zonas educativas, y municipios escolares para bajar y aplicar los lineamientos que permitirán la correcta atención de las políticas estatales en la materia educativa. Sin embargo, a pesar de esta organización las instituciones presentan, paradójicamente, un grave déficit de supervisión efectiva, pues las disposiciones que emana el Estado para la regulación de los procesos de control y vigilancia en la consecución de los objetivos previstos en el currículo, quedan en mero llenado de formas, que luego de apilarse en las oficinas destinadas para su recaudación, dejan de tener validez ya sea por falta de voluntad para la ejecución de los correctivos, por expirar dentro de un archivo, o por el mismo hecho de que permanecen por tiempo indefinido engavetadas se ven desplazadas por nuevas disposiciones legales, circulares, memorándums y oficios que muchas veces lejos de solucionar la problemática la agudizan. 

Esta realidad es denunciada constantemente por los supervisores, directivos y docentes de las instituciones quienes viven a diario el asedio  por la falta de celeridad de los procesos administrativos, que a pesar de estar basados en leyes  que han sido escritas con un apego sorprendente a las necesidades del sector educativo pareciera que carecen de valor alguno. 

Con referencia a lo descrito al principio de este ensayo de que la evaluación comenzó a emplearse como tecnología para seleccionar a los individuos más capaces, podría decirse que, aunque muchos objeten diciendo que ha servido como método de exclusión, la orientación clasificadora que se le ha dado a la evaluación permite una organización exitosa de la sociedad, siendo manejada con cautela y caridad. No obstante esta propuesta no se puede apreciar en la realidad educativa del país. Pareciera, lamentablemente, que la selección ha sido reemplazada por la acumulación, la calidad desplazada por la cantidad. Ha sido la inclusión de una masa que antes había estado “excluida” del sistema, pero que sigue siéndolo porque se les niega una educación de excelencia, por una certificación en serie que deprime al mismo sistema. 

Considerando lo anterior, abordar la problemática evaluativa, que está ahogando a las instituciones, y decepcionando a muchos, viene a ser una tarea no solo ardua sino que tomará tiempo, paciencia y perseverancia siendo el factor moral junto con la ética profesional las herramientas idóneas para manejar la situación. Por su parte la concientización de docentes, personal administrativo, obrero, estudiantes, padres o representantes y la comunidad que rodea al plantel,  en la búsqueda de soluciones y de un trabajo armonioso contribuiría enormemente a mejorar los puntos débiles del sistema. Que estos sectores alcen la voz y eleven su descontento, con respeto y objetividad, aceleraría la toma de decisiones de los entes encargados de la supervisión y control de la evaluación en las instituciones. Eso por una parte, por otra, que se dejara de lado ese afán por hacer en una década una labor que por su naturaleza toma muchos años en madurar, que es cambiante y por lo mismo depende de la evolución de la sociedad en cuanto a la adaptación a la tecnología, a la nuevos descubrimientos científicos a las necesidades que surgen de súbito, de situaciones que se van dando con el pasar de los días y años a nivel mundial, allanaríamos el camino para diseñar, moldear, controlar y valorar un sistema educativo exitoso, ajustado a la realidad de la juventud venezolana, a las necesidades del país,  que pudiera adaptarse a los demás sistemas educativos en el mundo, permitiendo de esta forma la integración de los países de la región como lo ha planteado el Estado venezolano, afianzando de esta forma los lazos de hermandad que nos unen, abriendo las puertas al progreso, mediante el intercambio cultural, educativo, tecnológico y científico con el resto del mundo.